¿Negociación o traición? El supuesto pacto entre el gobierno de Costa Rica y los carteles mexicanos de la droga.

Por Odalys Valle Gonzalez.

El siguiente texto es un análisis propio acerca de la noticia que nos brinde información importante del grupo criminal, el cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que supuestamente habría negociado con el gobierno de Costa Rica para disminuir la violencia entre bandas a cambio de permitir el trasiego de drogas

El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, que se ha expandido por varios países de Centro y Sudamérica, aprovechando las debilidades institucionales y la corrupción de las autoridades locales. Su principal actividad es el tráfico de drogas, especialmente de cocaína, que produce en Colombia y transporta por vía marítima o aérea hacia Estados Unidos, el mayor mercado consumidor del mundo. Para ello, utiliza a Costa Rica como país de paso, donde establece alianzas con grupos locales que le facilitan el almacenamiento, el transporte y la distribución de la droga. Estas alianzas, sin embargo, no son estables ni pacíficas, sino que generan conflictos y enfrentamientos entre las distintas facciones que se disputan el control del territorio y las rutas.

La noticia que se analiza en este texto, publicada por el medio mexicano El Universal, revela que el gobierno de Costa Rica habría negociado con representantes del CJNG y del cartel de Sinaloa, otro de los grandes grupos del narcotráfico mexicano, para reducir la violencia entre bandas a cambio de permitir el paso de la droga por el país. Según la fuente, esta negociación se habría realizado en el año 2022, cuando el presidente Carlos Alvarado se reunió con el secretario de Seguridad Pública de México, Alfonso Durazo, para tratar temas de cooperación bilateral en materia de seguridad. La fuente afirma que el gobierno costarricense habría aceptado la propuesta de los carteles, que consistía en que ellos se encargarían de mantener el orden entre sus células criminales, siempre y cuando el gobierno no interfiriera en sus operaciones ni los persiguiera judicialmente. La fuente también asegura que esta negociación habría sido avalada por el gobierno de Estados Unidos, que estaría interesado en que se mantuviera la estabilidad política y social de Costa Rica, un aliado estratégico en la región.

Esta noticia, de ser cierta, tendría graves implicaciones para la seguridad y la democracia de Costa Rica, así como para la lucha contra el narcotráfico en la región. En primer lugar, implicaría que el gobierno de Costa Rica habría renunciado a su soberanía y a su responsabilidad de garantizar el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, al ceder el control del territorio y la seguridad a grupos criminaales que actúan al margen de la ley y que no tienen ningún escrúpulo en usar la violencia y la corrupción para lograr sus fines. En segundo lugar, implicaría que el gobierno de Costa Rica habría traicionado a sus socios regionales y a la comunidad internacional, al facilitar el tráfico de drogas que alimenta el consumo, la adicción, la criminalidad y la violencia en otros países, especialmente en Estados Unidos, el principal destino de la cocaína que pasa por Costa Rica. En tercer lugar, implicaría que el gobierno de Costa Rica habría contribuido a fortalecer el poder y la influencia de los carteles mexicanos, que no solo se dedican al narcotráfico, sino que también se involucran en otras actividades ilícitas, como el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas y de personas, y que representan una amenaza para la seguridad nacional y regional.

En vista de la presente coyuntura, se torna imperativo llevar a cabo una pesquisa exhaustiva y transparente con respecto a la autenticidad de la información en cuestión. Es crucial que se lleve a cabo una identificación certera de los responsables de la presunta negociación, seguida de la aplicación de sanciones apropiadas. De manera paralela, resulta indispensable la restauración de la confianza y la cooperación entre los países afectados por el flagelo del narcotráfico.

Para abordar esta compleja problemática, es fundamental la implementación de medidas efectivas destinadas a prevenir, combatir y erradicar el narcotráfico y sus secuelas, tanto en el ámbito nacional de Costa Rica como en la totalidad de la región circundante. Estas medidas deben abarcar diversas áreas, entre las cuales se destaca el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la garantía del respeto a los derechos humanos, la fomentación de la participación ciudadana, la promoción de la educación, la aplicación de estrategias preventivas, la rehabilitación de individuos afectados, la provisión de asistencia social, la intensificación de la cooperación internacional y el fomento del desarrollo alternativo.

Tan solo mediante un enfoque integral que incluya estos pilares será posible afrontar el desafío que supone el narcotráfico y sus agentes. Esto no solo contribuirá a la salvaguardia de la seguridad, sino también al bienestar de las personas y las sociedades en su conjunto. El compromiso con estas medidas abarcadoras constituirá un paso fundamental hacia la construcción de entornos más seguros y resilientes, estableciendo así los cimientos necesarios para el florecimiento sostenible de las comunidades afectadas.

Fuente: https://www.monumental.co.cr/2023/09/27/prensa-mexicana-revela-supuestas-negociaciones-del-gobierno-de-costa-rica-con-carteles-narcoo/